A las personas con discapacidad que reciben atención, a sus familias, a los transportistas, profesionales e instituciones que dan servicios:
Lamentamos informarles que las posibilidades de establecer algún tipo de acuerdo con los funcionarios responsables del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que permita a las instituciones, a los transportistas y a los profesionales seguir prestando servicio, son cada vez más inciertas.
Prometieron solucionar el atraso en los pagos por la atención ya brindada -principalmente de Incluir Salud (ex PROFE y PNC-PAMI) dependiente del gobierno nacional. Cada promesa ha sido incumplida, inclusive las asumidas públicamente por la Sra. Vicepresidenta de la Nación.
La situación de los pagos es irregular: llegan a adeudar hasta 6 meses y el 20% de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2017.
Este desfinanciamiento de los servicios ha llevado a muchos prestadores a estar atrasados en el pago de sueldos, obligaciones con la AFIP y a la imposibilidad de comprar elementos esenciales que les permitan funcionar.
Todo ello enmarcado en un incremento sideral de los costos de los insumos y servicios.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo responsable de administrar el fondo solidario de las Obras Sociales Sindicales que se conforma con un porcentaje de los aportes de los trabajadores, y con el cual se cubren diversas prestaciones que las Obras Sociales deben garantizar- llegan comentarios preocupantes sobre la cobertura de las prestaciones en discapacidad.
No somos oídos cuando solicitamos un actualizacion de aranceles que, al menos, compense lo que se incrementaron nuestros costos
Con estos aranceles prestacionales muy por debajo de los costos operativos de los servicios y con un Estado Nacional que incumple con los pagos del Programa Incluir Salud. ¿Es posible brindar educación, rehabilitación, atención terapéutica y asistencial a personas con discapacidad?
Por los motivos enumerados recomendamos:
-Informar y alertar, a las personas con discapacidad que reciben atención, a sus familiares y responsables, la situación de riesgo en la que se encuentran las prestaciones brindadas tanto por las instituciones, como por los profesionales y los transportistas.
– Hacer pública esta situación -a través de los medios de prensa-, que pone a la población con discapacidad en una situación de riesgo, como consecuencia del ajuste que se realiza sobre ella.
– Que todos los alcanzados por esta gravísima situación tomemos un rol activo en defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, difundiendo y haciendo conocer -a través de las redes sociales y los medios de prensa que tengan a su alcance-, la gravedad de la situación que estamos atravesando.
Se impone defender activamente el derecho a las prestaciones de las personas con discapacidad.